La Puerta del Conde, el Baluarte 27 de Febrero o Fuerte de San Genaro, como se llamó originalmente, fue construida con fines militares a mediados del siglo XVI. Según avanzó la historia, la que en la época colonial fue la principal entrada de Santo Domingo se convirtió en un símbolo importante para todos los dominicanos, ya que en 1844 fue el lugar donde se proclamó la naciente República Dominicana. A partir de ahí y en múltiples ocasiones ha servido de escenario de encuentros cívicos y patrióticos de la sociedad dominicana. No es de extrañar, por tanto, las diversas y apasionadas reacciones que ha levantado la intervención realizada recientemente por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que consistió en enlucir los antiguos muros de piedra del baluarte como parte del proyecto de remozamiento del parque Independencia, donde está ubicado.
Según el informe de la arquitecta Ligia Calero, este trabajo de enlucido fue solicitado a la OISOE y contó con la supervisión permanente de la Subdirección Operativa de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental (DNPM), la cual dirige. “El nuevo revestimiento responde a una mezcla de cal [apagada en obra], arena [Itabo cernida] y perrilla [piedra triturada] en proporciones adecuadas para que permitan su adherencia y perdurabilidad”. El color deriva de la mezcla de polvo amarillo y rojo, en sustitución de la tierra –como comúnmente se usa–, para obtener el color terracota deseado. Hay diversas opiniones sobre lo adecuado de esta intervención con respecto al estado original. “Si no se ha hecho, debe hacerse una investigación más acuciosa para determinar si la puerta y el muro oeste de la ciudad estuvieron encalados. […] Los españoles protegían las obras de piedra contra la intemperie y otros fenómenos atmosféricos encalándolas. La eliminación del encalado de los monumentos empezó a ejecutarse en nuestro país a mediados del siglo XX”, nos dice Manuel S. Gautier, arquitecto conservador y encargado de la sección de Patrimonio de Arquitexto.
Otra de las dudas es sobre el saneamiento de la piedra. Según el informe, se realizó una limpieza general con agua a baja presión y cepillo de cerdas finas en algunas áreas para evitar el desprendimiento de juntas y morteros, y después se aplicó un herbicida por aspersión. Tanto la arquitecta Calero como la arquitecta Edda Grullón, directora de la DNPM, afirman que hubiese sido recomendable un estudio profundo del estado de las piedras, los elementos patógenos presentes y el tipo de tratamiento adecuado; pero este estudio no se hizo, ya que “estos estudios, además de costosos, no se realizan en el país”, según el informe mencionado.
Dejando de lado el aspecto emocional en cuanto al reclamo de la población para que se respete la memoria histórica y se devuelva la apariencia del monumento, creemos que hay importantes aprendizajes que se derivan de este proceso. Destacamos algunos: la importancia de la investigación histórica y científica para avalar las actuaciones sobre el patrimonio; la necesidad de informar debidamente del estado de deterioro y los aspectos técnicos que implicaría la intervención con el fin de instruir y crear una opinión pública favorable a la misma. Por otro lado, el requisito de que cualquier intervención en zonas patrimoniales debe contar con el conocimiento, aprobación, asesoría técnica y supervisión de la DNPM, como enfatiza la arquitecta Grullón: “aun sea del mismo Estado”. En este caso, el seguimiento se hizo una vez iniciados los trabajos de remozamiento del parque, para los cuales no se solicitó aprobación previa. Otro punto es el tema de la jurisdicción, saber si existen instituciones encargadas de velar por nuestro patrimonio. ¿Por qué es una instancia de la Presidencia de la República (como la OISOE) la que lleva a cabo esta intervención en un entorno monumental?; se trata de una acción recurrente que ya es preocupante. Incluso, más allá de lo estético, el urbanista Cristóbal Valdez cuestiona la prioridad de esta inversión –que ronda los 35 millones de pesos, según lo publicado en la prensa– tomando en cuenta la situación económica del país.
Al cierre de esta edición, el Ministerio de Cultura ha convocado una reunión abierta para debatir el tema. Esperamos que la validación o invalidación de la intervención se haga a partir de información técnica veraz y precisa. Los ciudadanos lo merecemos.
